La remoción de un funcionario de nivel medio no liquida el estigma ni los titulares difamatorios contra SIMSA; la empresa operaba bajo el marco legal y requiere una aclaración pública con la misma cobertura y contundencia que el anuncio inicial
𝑯𝒖𝒈𝒐 𝑪𝒐𝒏𝒕𝒓𝒆𝒓𝒂𝒔… 𝒍𝒂 𝒓𝒆𝒇𝒍𝒆𝒙𝒊𝒐́𝒏
En la política mexicana, la prisa por colgarse medallas suele cotizarse más alto que el rigor técnico. Sin embargo, cuando la urgencia por presentar un “golpe histórico” aplasta las garantías mínimas de verificación legal, el triunfalismo no solo cae en la improvisación: se convierte en un costoso ridículo institucional.
El caso de los 59 millones de litros de combustible asegurados a Grupo SIMSA en San José Iturbide, Guanajuato, pasará a la historia no por ser la mayor hazaña contra el huachicol, sino por ser el caso emblemático de cómo anunciar el delito antes de comprobarlo.
Del micrófono a la reculada
En septiembre, la foto institucional tenía reflectores, solemnidad y cifras de infarto. Autoridades federales y estatales presumían la incautación de un volumen 35 veces mayor a cualquier decomiso previo en la región. Se habló de inteligencia, “trazabilidad” y una ofensiva letal contra el huachicol fiscal. Desde el púlpito de la conferencia matutina presidencial se selló el titular de primera plana.
Apenas unas semanas después, la propia presidenta Claudia Sheinbaum tuvo que reconocer lo inevitable: la empresa de origen lagunero contaba con todos los permisos en regla para almacenar el producto. Los 59 millones de litros sí eran legales. El operativo estrella de la temporada terminó desinflado, dejando al descubierto la fragilidad operativa con la que se actuó.
El costo de “golpe de efecto”
Rodaron cabezas a nivel local, comenzando por la destitución del delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Guanajuato, Juan Francisco Vera Ayala. Pero la pregunta de fondo queda pendiente en la oficina de Ernestina Godoy: ¿quién responde por el desprestigio infligido a una empresa privada y a la certeza jurídica de toda una industria?
Remover a un funcionario de nivel medio no borra los titulares calumniosos ni devuelve de un plumazo la reputación corporativa afectada. Cuando el gobierno busca construir legitimidad mediante récords exprés, vulnera un principio básico: la presunción de inocencia y el debido proceso. Si las instituciones actúan como tribunales mediáticos antes de cotejar un expediente aduanal o de almacenamiento, el mensaje para la inversión es devastador.
La brecha entre el titular y la realidad
Nadie pone en duda que el huachicol fiscal representa una fuga multimillonaria para el Estado y una amenaza a la seguridad nacional. Precisamente por ello, su combate exige investigación rigurosa, no pirotecnia de comunicación social.
Atribuir irregularidades menores en el transporte a la totalidad de una planta de almacenamiento con capacidad legal de millones de litros habla de una desconexión preocupante entre el trabajo de campo de la FGR y las narrativas de Palacio Nacional.
Para salir a presumir un decomiso histórico sobra voluntad política y abundan los micrófonos. Ahora que el producto resultó legal, corresponde la misma firmeza, la misma cobertura y la misma energía para ofrecer disculpas, aclarar los hechos y resarcir el daño moral y económico provocado.
Porque ganar titulares con falsos positivos es fácil. Lo verdaderamente difícil —y urgente— es construir un sistema de justicia donde el peso de la ley sea tan sólido que no se derrumbe al revisar un simple archivo de permisos.
Tessersoft