La distancia entre las cifras oficiales y lo que vive la gente en la calle.
Por: Luis Eduardo Vallejo Moreno
Cuando hablamos de seguridad pública, pensamos en homicidios, robos, detenciones y denuncias. Son cifras importantes, pero hay otra pregunta que debemos hacernos:
¿qué tan segura se siente la gente en el lugar donde vive? Porque una cosa es que las estadísticas indiquen que algunos delitos disminuyen y otra que una persona salga de su casa sin miedo. Ahí está la diferencia entre estar seguro y sentirse seguro. No son exactamente lo mismo, pero tampoco podemos separarlos como si no tuvieran relación. La seguridad también se mide en la tranquilidad con la que hacemos nuestra vida cotidiana.
Los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, correspondientes al tercer trimestre de 2026, permiten observar esta diferencia. El estudio contempla 91 áreas urbanas, donde viven aproximadamente
76.5 millones de personas, equivalentes al 58.8% de la población nacional, tomando como referencia 130 millones de habitantes. A nivel nacional, 58.1% de las personas mayores de 18 años considera inseguro vivir en su ciudad. En junio, el porcentaje era de 59.8%, lo que representa una disminución de 1.7 puntos porcentuales. Es una mejoría que debe reconocerse, pero todavía hablamos de más de la mitad de la población adulta de las ciudades evaluadas. Que la cifra baje es una buena noticia; no significa que el problema esté resuelto.
Cuando revisamos los resultados por ciudad, encontramos diferencias importantes. Irapuato registra la mayor percepción de inseguridad, con 90.5%, seguida de Chilpancingo, con 86.9%, y Mazatlán, con 85.8%. En el otro extremo están San Pedro Garza García, con 5.8%; Piedras Negras, con 14.3%; y San Nicolás de los Garza, también con 14.3%. Además, de las 16 áreas urbanas que registraron cambios estadísticamente significativos entre junio y septiembre, en 10 disminuyó la percepción de inseguridad y en seis aumentó. Entre los incrementos destacan Hermosillo, que pasó de 43.2% a 53.2%; Lázaro Cárdenas, de 33.0% a 42.3%; y Ciudad Victoria, de 47.5% a 56.5%. En sentido contrario, San Francisco de Campeche bajó de 65.9% a 49.6%; Tlalnepantla, de 73.1% a 59.3%; y Ciudad Obregón, de 82.4% a 69.8%. El promedio nacional mejora, pero cada ciudad tiene su propia realidad.
Por eso no basta con mirar una cifra general: también hay que revisar qué sucede en cada lugar.
En Coahuila, el panorama es más favorable que el nacional, aunque existen diferencias entre municipios. Las cuatro mediciones regionales abarcan 1.98 millones de habitantes únicos, equivalentes al 58.1% de la población estatal, estimada en 3.41 millones. La percepción de inseguridad se ubicó en 14.3% en Piedras Negras, 21.7% en Torreón, 24.6% en la Zona Metropolitana de La Laguna y 24.7% en Saltillo. Todos estos porcentajes están por debajo del 58.1% nacional. En Torreón, la percepción bajó de 22.5% a 21.7%, mientras que en la Zona Metropolitana de La Laguna pasó de 28.1% a 24.6%. Piedras Negras subió ligeramente de 13.9% a 14.3%, sin que el cambio se considere significativo. Saltillo, en cambio, registró un incremento estadísticamente significativo de 16.9% a 24.7%, es decir, 7.8 puntos porcentuales. Los resultados son favorables para la región frente al promedio nacional, pero eso no significa que debamos dejar de observar lo que ocurre dentro de nuestras propias ciudades. Estar mejor que otros lugares no significa que todo esté bien.
También es importante conocer cómo evalúa la ciudadanía a las corporaciones encargadas de protegerla. A nivel nacional, 50.9% considera efectiva a la policía preventiva municipal, frente a 85.0% para la Marina, 82.3% para el Ejército y 73.5% para la Guardia Nacional. En las mediciones regionales de la policía municipal, la percepción de efectividad es de 56.7% en Piedras Negras, 53.2% en Torreón, 51.8% en la Zona Metropolitana de La Laguna y 51.0% en Saltillo. Por otra parte, la confianza nacional en la policía preventiva municipal es de 47.2%, mientras que los porcentajes regionales reportados son 58.4% en Torreón, 56.9% en la Zona Metropolitana de La Laguna, 68.1% en Saltillo y 70.2% en Piedras Negras. La confianza y la efectividad no son lo mismo, pero ambas ayudan a entender la relación entre ciudadanía y policía. La presencia cercana, la atención y la capacidad de responder cuando alguien necesita ayuda pueden influir en la tranquilidad de una comunidad. No basta con tener una corporación; la gente necesita sentir que puede recurrir a ella.
El miedo también se refleja en las actividades diarias. Según la encuesta, 68.7% se siente inseguro en los cajeros automáticos ubicados en la vía pública, 61.8% en las calles que habitualmente utiliza y 61.1% en el transporte público. Pero hay otro dato que merece atención: las decisiones que las personas toman para evitar riesgos. El 40.7% dejó de llevar objetos de valor; 38.8% modificó sus rutinas relacionadas con permitir que menores salgan solos de casa, y 35.8% cambió sus hábitos para caminar de noche cerca de su vivienda. Es decir, la inseguridad no se queda en una
respuesta de encuesta: modifica comportamientos y limita actividades. Cuando alguien deja de hacer algo por temor, estamos frente a una consecuencia concreta que no siempre aparece en las estadísticas delictivas. La tranquilidad también forma parte de la calidad de vida.
A esta situación se suma la forma en que nos informamos. El 61.5% utiliza Facebook como fuente de información sobre seguridad pública, mientras que 56.1% recurre a la comunicación personal con vecinos y otras personas de su entorno. Un video de un delito, una publicación viral o el relato de alguien que sufrió un robo pueden influir en la percepción de una comunidad. Esto no significa que las redes inventen los problemas ni que debamos ignorar las experiencias de los ciudadanos. Significa que la información circula rápidamente y puede aumentar la preocupación, especialmente cuando se comparte sin conocer el contexto. Por eso es importante distinguir entre hechos comprobados, rumores y contenidos que se difunden sin verificar.
Aquí aparece una de las dificultades para las autoridades: la distancia entre lo que dicen las cifras oficiales y lo que percibe la ciudadanía. El gobierno federal sostiene que algunos delitos de mayor impacto, particularmente los homicidios, muestran una tendencia a la baja. Esos indicadores deben analizarse, pero también hay que escuchar a quienes siguen manifestando temor. Si las cifras mejoran y la población no percibe esa mejoría en su vida cotidiana, no basta con presentar informes o repetir que los resultados son favorables. Hay que entender qué sucede en las calles, cómo responden las corporaciones y por qué unas comunidades se sienten más inseguras que otras. Comunicar resultados no es lo mismo que conseguir que la gente se sienta más segura.
Al final, no se trata de enfrentar las estadísticas con las percepciones, como si una tuviera que eliminar a la otra. Necesitamos ambas para entender el problema. Ignorar los avances sería injusto, pero utilizarlos para afirmar que todo está resuelto también sería un error. La seguridad debe evaluarse por los resultados que muestran los indicadores y por la tranquilidad que las personas recuperan en su vida diaria.
Porque la seguridad no se demuestra solamente con cifras que bajan, sino con ciudadanos que dejan de vivir con miedo.
No hay coincidencia entre el discurso de los escritorios y la percepción de la banqueta.