Por: Hugo Contreras
Ciudad de México – El diputado federal Gibrán Ramírez Reyes alertó que la nueva reforma para combatir la piratería pone en riesgo la libertad de expresión en el país. Durante su intervención en la Cámara de Diputados, el legislador solicitó formalmente devolver el dictamen a comisiones debido a la inclusión de conceptos ambiguos que vulneran el derecho a la crítica y el ejercicio periodístico.
El legislador de Movimiento Ciudadano señaló que, la iniciativa contempla adiciones normativas que castigan con penas de hasta cinco años de prisión el uso indebido de la identidad gráfica de instituciones públicas bajo el argumento de cometer un “ilícito”. El legislador cuestionó la falta de claridad técnica de la propuesta al señalar que la redacción actual deja en manos de la Fiscalía la facultad de determinar qué conductas son punibles, lo que representa una transferencia indebida de funciones legislativas.
Entre los puntos críticos denunciados por el diputado destacan:
- Falta de blindaje a la libertad de expresión: La negativa a plasmar de forma explícita la exclusión de la sátira, la parodia y la caricatura política en el texto de la ley deja abierta la puerta a censurar de forma arbitraria a periodistas y ciudadanos.
- Criminalización de la pobreza: El artículo 433 estipula la asignación de responsabilidad penal automática a toda persona que se encuentre comercializando mercancía en puestos de la vía pública, con sanciones de hasta 10 años de cárcel y eliminando el dictamen técnico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).
- Duplicidad legal: El diputado remarcó que las conductas de engaño que pretende sancionar la iniciativa ya están tipificadas bajo la figura de fraude, mientras que las exigencias del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se limitan exclusivamente a marcas comerciales y piratería, mas no regulan el uso de la imagen institucional del gobierno.
Ramírez Reyes concluyó su discurso haciendo un llamado enérgico a la bancada oficialista de Morena para legislar con responsabilidad y evitar el aumento punitivo que sature aún más los centros penitenciarios con los sectores más vulnerables de la población.
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