El laberinto burocrático que asfixia al campo
Cuando la ley confunde al productor con el criminal
Por Hugo Contreras
La lucha contra el “huachicol fiscal” nació con una intención legítima: proteger el patrimonio nacional y combatir la ilegalidad. Sin embargo, cuando la estrategia de seguridad se desvía y se convierte en una persecución administrativa, el remedio termina siendo más devastador que la enfermedad. Hoy, la Comarca Lagunera es el escenario de una paradoja alarmante: las reglas diseñadas para atrapar a delincuentes están criminalizando a quienes alimentan al país.
Lo que ocurre con los agricultores, ganaderos y transportistas de La Laguna no es un simple desacuerdo de trámites; es una crisis de subsistencia provocada por una profunda desconexión entre el escritorio gubernamental y la realidad del surco.
La utopía de la norma frente a la realidad del campo
Exigirle a un productor promedio que cumpla con los mismos estándares de una multinacional petrolera para mover el diésel de sus tractores es, por decir lo menos, un despropósito financiero y operativo. Las normativas actuales plantean exigencias que rayan en lo inalcanzable:
- La ironía del bidón: Un productor puede demostrar con factura en mano que compró su combustible legalmente. Aun así, si lo transporta en un contenedor convencional y no en uno con certificación de las Naciones Unidas (UN) y material antiestático, se enfrenta al decomiso. La legalidad del origen pasa a segundo término por culpa del envase.
- La sombra de la prisión: Mover volúmenes medianos de combustible necesarios para una jornada de trabajo —sin sistemas GPS, balizados QR o permisos de carga especializada— se castiga hoy con penas de 8 a 12 años de cárcel. Es decir, la ley castiga con la misma severidad el traslado logístico para el autoconsumo que el tráfico ilícito.
- Multas que quiebran vidas: Sanciones que pueden alcanzar los 39 millones de pesos y la obligación de construir infraestructura industrial (como tanques de doble pared y pisos de concreto armado) para almacenar algo tan básico como más de 30 litros de combustible, simplemente asfixian la viabilidad de cualquier establo o parcela.
El verdadero riesgo: En este laberinto normativo, el campo no solo pierde dinero; pierde la certeza jurídica y queda expuesto a un peligroso ecosistema de extorsiones y abusos de autoridad en las carreteras.
Un freno al motor de la seguridad alimentaria
Hay que entender que el diésel en el campo no es un lujo ni una mercancía de especulación: es el insumo que mueve los tractores, las bombas de riego y los camiones que llevan la comida a las mesas de México.
Si el productor vive bajo la amenaza inminente de ir a prisión o perder su patrimonio por el simple hecho de abastecer su maquinaria, la consecuencia lógica es el freno de la producción. Y un campo paralizado en La Laguna no es un problema local; es una amenaza directa a la seguridad y soberanía alimentaria de todo el país. Si no se siembra hoy porque el diésel no puede llegar a la máquina, mañana no habrá cosechas que distribuir.
Hacia una regulación con sentido común
La solución no es la impunidad ni la falta de control, sino la sensatez. Urge que el marco legal aprenda a distinguir con total claridad al delincuente que roba y comercializa hidrocarburos, del productor honesto que genera empleos y desarrollo.
Propuestas como el programa piloto de “Guías de Transporte de Hidrocarburos en el Sector Agropecuario” representan una luz de sentido común: un mecanismo que simplifique la burocracia, valide la documentación legal existente de forma ágil y devuelva la tranquilidad a las carreteras.
Antes de que la burocracia energética termine por paralizar al sector primario, el Estado debe recordar que las leyes se crearon para ordenar y potenciar a la sociedad, nunca para ahogar a quienes, con su trabajo diario, sostienen la alimentación de la nación.
Tessersoft