Una mujer trans en España ha iniciado acciones legales contra un hombre que decidió no seguir conociéndola tras saber que ella es una persona trans. Los expertos aseguran que el caso no tiene recorrido judicial.
Con información de Medios
MADRID – La polémica ha estallado en redes sociales tras la viralización de un video en el que una mujer trans anuncia una denuncia formal contra el hombre con el que mantenía citas. Según el testimonio, tras tres encuentros exitosos, el hombre decidió interrumpir la relación en la cuarta cita al ser informado de la condición trans de la mujer, alegando que “no estaba interesado”.
La denunciante argumenta que este rechazo constituye un incumplimiento de la reciente Ley Trans, afirmando que cualquier acto de discriminación por identidad de género debe ser sancionado.
A pesar de la denuncia, especialistas en Derecho Penal e Igualdad coinciden en que el caso carece de base legal. La abogada Begoña Díaz Cano ha señalado que los hechos no encajan en un delito de odio ni en una infracción administrativa. Según la letrada, se trata de una elección personal dentro del ámbito afectivo que no persigue la humillación ni el menosprecio del otro.
“Es una decisión que no busca el odio, sino que forma parte de la libertad individual. No existen indicios de expresión o acto de descrédito contra la dignidad de la persona”, explica Díaz Cano.
Para que el sistema judicial español considere que existe un delito de odio (artículo 510 del Código Penal), es necesario que haya una provocación clara a la violencia o una lesión a la dignidad mediante acciones que entrañen humillación.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo y la Fiscalía General del Estado establece que:
- La intención es clave: Debe haber voluntad de atacar a un colectivo.
- Justificación de trato: No todo trato desigual es discriminación delictiva. El rechazo a una relación sentimental entra en el marco del consentimiento y la libertad de asociación íntima.
Organizaciones y expertos advierten que este tipo de videos, aunque virales, pueden trivializar la lucha real del colectivo LGTBI. Según datos de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, el 42% de las personas LGTBI en España han sufrido discriminación real en el último año y un 8% han sido víctimas de agresiones físicas.
En conclusión, aunque la ley protege la identidad de género en ámbitos como el laboral o civil, no obliga a nadie a mantener una relación sentimental, prevaleciendo siempre el derecho individual a decidir con quién compartir la vida afectiva.
Tessersoft