Una semana después del histórico aseguramiento en San José de Iturbide, Sheinbaum dijo que la Fiscalía todavía revisa la documentación de la empresa que opera la terminal; Grupo SIMSA sostiene que el combustible pertenece a sus clientes y que cuenta con permisos para almacenarlo.
Con información de Proceso
CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- A una semana de que autoridades federales y estatales anunciaran el aseguramiento de 59 millones de litros de hidrocarburos en San José Iturbide, Guanajuato, la Fiscalía General de la República (FGR) todavía no determina si el combustible era de procedencia ilícita.
La propia presidenta Claudia Sheinbaum dejó abierta este jueves la posibilidad de que se trate de huachicol y señaló que la Fiscalía continúa revisando los permisos y la documentación relacionada con la terminal donde fueron localizados los hidrocarburos.
“Pregunté a la fiscal y me dijo que siguen revisando los permisos y que ellos van a informar en su momento”, dijo Sheinbaum durante su conferencia matutina.
Cuando se le preguntó si ya podía descartarse que el combustible fuera huachicol, la mandataria respondió:
“Pues hasta que la Fiscalía no cierre la revisión de todos los permisos”.
La respuesta contrasta con la narrativa con la que fue presentado inicialmente el aseguramiento. El 17 de septiembre, la FGR informó que había localizado más de 59 millones de litros de hidrocarburos en una terminal de San José Iturbide, dentro de una investigación relacionada con posibles delitos de almacenamiento, distribución y comercialización de combustible.
El volumen fue presentado como un aseguramiento histórico y posteriormente la operación fue descrita públicamente como un golpe al huachicol.
Sin embargo, desde el primer reporte oficial existía un elemento que ahora adquiere mayor relevancia: la Fiscalía no había determinado que los 59 millones de litros fueran combustible ilegal.
En su comunicación, la FGR señaló que las empresas relacionadas con el producto no habían acreditado de manera completa y fehaciente la licitud de su origen, manejo y destino, y que la investigación continuaría para establecer su trazabilidad.
También dejó en manos de los peritajes determinar la cantidad definitiva, naturaleza, procedencia y legalidad del producto.
La versión de la empresa
Un día después del anuncio, Grupo SIMSA, propietario de Gas Natural del Noroeste, rechazó que el combustible almacenado en la terminal fuera ilegal.
La empresa sostuvo que Gas Natural del Noroeste opera desde hace nueve años la instalación de San José Iturbide y que cuenta con permisos federales de almacenamiento, además de autorizaciones estatales y municipales.
De acuerdo con SIMSA, la terminal presta el servicio de recibir y almacenar petrolíferos que pertenecen a empresas usuarias, por lo que los 59 millones de litros no serían propiedad de la compañía que opera las instalaciones.
La empresa afirmó que esas compañías acreditan la propiedad, procedencia legítima y calidad de los productos y que puso a disposición de las autoridades la documentación correspondiente.
La posición de SIMSA introdujo desde entonces una pregunta central para la investigación: si la terminal contaba con permisos para almacenar hidrocarburos y el producto pertenecía a terceros, ¿qué elemento llevó a la FGR a considerar que existía una posible operación ilícita?
El origen de la investigación
La FGR explicó que el caso comenzó el 3 de julio, cuando una persona fue detenida en San Luis de la Paz mientras presuntamente descargaba diésel de una pipa con capacidad para 33 mil litros.
Según la Fiscalía, esa persona no pudo acreditar la trazabilidad del combustible.
A partir de esa detención se realizaron diligencias en una gasolinera de San Luis de la Paz, en un inmueble relacionado con el despacho de gas LP en Dolores, Hidalgo, y finalmente en la terminal de San José Iturbide.
En este último lugar fueron asegurados 10 tanques de almacenamiento, unidades de transporte, contenedores y documentación. Pero durante el cateo no hubo detenidos.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó entonces que las personas responsables serían detenidas conforme avanzara la investigación, debido a que al momento del operativo no había nadie en el predio.
Una semana después, esas detenciones tampoco han sido anunciadas como resultado del aseguramiento.
Investigación en curso
La investigación adquirió una nueva dimensión después de que se conociera que fuentes de la propia FGR señalaron que los 59 millones de litros aparentemente no serían huachicol fiscal y que el caso había sido atraído por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.
También trascendió la salida de Juan Francisco Vera Ayala como delegado de la FGR en Guanajuato.
Sheinbaum no confirmó que ese relevo estuviera relacionado con el aseguramiento y sostuvo que corresponde a la Fiscalía informar sobre el avance de las investigaciones.
Mientras tanto, la versión de la empresa es que la terminal opera con permisos y que el combustible pertenece a sus clientes; la Fiscalía mantiene abierta la investigación y deberá establecer qué irregularidad, en su caso, justificó el aseguramiento y qué responsabilidad corresponde a las empresas involucradas.
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