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Por Hugo Contreras
La procuraciรณn de justicia en Mรฉxico no puede ni debe construirse a base de reflectores, prisas mediรกticas y operativos espectaculares que terminan desplomรกndose por falta de rigor tรฉcnico. El reciente episodio protagonizado por la delegaciรณn de la Fiscalรญa General de la Repรบblica (FGR) en Guanajuato โque culminรณ con la salida del delegado Juan Francisco Vera Ayala y la atracciรณn del caso por parte de la FEMDOโ es el retrato fiel de una pifia institucional que puso en entredicho la legalidad y obligรณ al propio gobierno federal a marcar distancia.
El pasado 17 de septiembre, a escasas horas de una visita presidencial, la representaciรณn de la FGR en tierras guanajuatenses anunciรณ con bombo y platillo el aseguramiento de mรกs de 59 millones de litros de combustible en una terminal ubicada en San Josรฉ de Iturbide. Se intentรณ vender a la opiniรณn pรบblica como un golpe histรณrico al huachicol. Sin embargo, el castillo de naipes cayรณ por su propio peso: el operativo carecรญa de un sustento jurรญdico sรณlido, no se habรญa acreditado la ilegalidad del producto y las indagatorias locales evidenciaron una preocupante improvisaciรณn que obligรณ a corregir el rumbo desde la Ciudad de Mรฉxico.
La presidenta Claudia Sheinbaum seรฑalรณ con claridad que correspondรญa a la propia Fiscalรญa explicar quรฉ motivรณ la intervenciรณn y si realmente existรญa una actividad ilรญcita. Ante la falta de solidez en las acusaciones, la consecuencia polรญtica y administrativa no tardรณ en llegar con el relevo en la titularidad de la delegaciรณn.
En la otra cara de la moneda se encuentra la respuesta firme, clara y documentada de la empresa lagunera Grupo Simsa, a travรฉs de su filial Gas Natural del Noroeste. Desde el primer momento, la compaรฑรญa demostrรณ con argumentos legales en la mano que opera en total apego a la normatividad. Con un historial de nueve aรฑos de funcionamiento legal bajo el permiso de almacenamiento correspondiente, respaldado por autoridades como la CRE, la ASEA y la SCT, Simsa evidenciรณ algo fundamental: ellos no son los dueรฑos del combustible, sino prestadores de un servicio pรบblico de almacenamiento para empresas terceras debidamente permisionadas.
La solidez de Grupo Simsa no es nueva. Cabe recordar que estas mismas instalaciones han fungido como un punto estratรฉgico para el abasto regional, habiendo recibido incluso combustible importado por firmas internacionales desde 2019, con el aval de las propias autoridades estatales. Pretender culpar a una infraestructura logรญstica formal por la falta de trazabilidad de los productos de sus clientes fue, sencillamente, un exceso de la autoridad investigadora.
Este episodio deja una lecciรณn contundente: las instituciones de seguridad y procuraciรณn de justicia deben actuar con estricto apego a derecho y dejar de lado los golpes mediรกticos que solo daรฑan la certidumbre jurรญdica y la reputaciรณn de empresas mexicanas formales y generadoras de desarrollo, como las que con orgullo representan a la Comarca Lagunera. La verdad jurรญdica ha triunfado, y la inocencia y legalidad de Grupo Simsa han quedado plenamente respaldadas.
Tessersoft