El proyecto plantea sanciones y responsabilidad solidaria para instituciones y despachos que incumplan
Con informaciรณn de Vanguardia
CDMX.- Ante el hostigamiento hacia personas deudoras, en particular mediante sistemas automatizados de cobranza, el senador Jorge Carlos Ramรญrez Marรญn presentรณ una iniciativa para regular prรกcticas extrajudiciales y frenar el acoso, sin promover el no pago ni restringir el derecho de los bancos a cobrar crรฉditos.
El legislador del Partido Verde seรฑalรณ que la reforma no busca condonar deudas ni impedir el cobro, sino fijar lรญmites para evitar que, por falta de vigilancia y un marco legal preciso, algunas instituciones incurran en conductas indebidas, sobre todo en cobranza.
Ramรญrez Marรญn sostuvo que la propuesta pretende actualizar el marco legal para proteger los derechos de los usuarios de servicios financieros, al advertir que la cobranza, cuando no estรก debidamente regulada, puede convertirse en una prรกctica grave.
El senador por Yucatรกn indicรณ que el uso de nuevas tecnologรญas ha modificado la operaciรณn de los despachos de cobranza, por lo que considerรณ indispensable ajustar la legislaciรณn a esa realidad, particularmente por el impacto de mecanismos automatizados en la frecuencia de contacto.
Advirtiรณ que las llamadas constantes y la imposibilidad de usar el telรฉfono, incluso para emergencias, transforman la cobranza en un acto de hostigamiento, sin importar si la deuda es elevada o de montos menores.
El legislador asegurรณ que se tienen registros de casos con โ624 llamadas en 24 horasโ, y explicรณ que, al considerar los periodos en los que no se puede llamar, una persona podrรญa recibir prรกcticamente una llamada cada dos minutos.
Aรฑadiรณ que estas acciones convierten la cobranza en un hostigamiento โtotal y absolutoโ y que el telรฉfono queda prรกcticamente โsecuestradoโ hasta que se realiza el pago, sin atender al monto de la deuda ni a las necesidades del usuario.
La iniciativa reforma y adiciona disposiciones de la Ley de Protecciรณn y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, y plantea sanciones de hasta 3 mil dรญas de salario para instituciones que incumplan, ademรกs de establecer responsabilidad solidaria por actos de terceros, como despachos contratados para cobrar.